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miércoles, 7 de julio de 2010

PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL

Gabriel Castillo García/El Capitalino
A partir de la reforma electoral 2007-2008, se creó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, instancia con autonomía de gestión y dotada de mayores facultades constitucionales para transparentar el uso del dinero público, en las campañas electorales y en las actividades permanentes de los partidos políticos.
El presente Dictamen Consolidado y su proyecto de Resolución, representan el eslabón final de un largo trabajo de la Unidad de Fiscalización para conocer el origen, destino y monto de los recursos empleados en las campañas proselitistas de los partidos políticos y las coaliciones, correspondientes al proceso electoral federal 2008-2009.
Como todos ustedes saben, a partir de este proceso de fiscalización, se eliminaron las restricciones que existían para conocer los datos de las cuentas, fondos, fideicomisos y operaciones bancarias y financieras de los partidos políticos y de sus candidatos. Esto hizo posible una revisión más completa.
Además, este esfuerzo por construir una cultura de probidad y rendición de cuentas, posibilitó a la Unidad de Fiscalización para obtener la información necesaria y auditar correctamente los gastos efectuados durante el proceso electoral 2008-2009, entre las que se destacan:
· 175 solicitudes al Servicio de Administración Tributaria sobre información de carácter fiscal de los partidos políticos, así como de terceros con los que mantuvieron alguna operación comercial. · 300 solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para recabar información relativa a la apertura y movimientos de cuentas bancarias; libramiento de cheques; transferencias y documentación soporte de depósitos bancarios o transferencias recibidas.
· Verificación de los estados de cuenta bancarios de los candidatos que presentaron informes de campaña, a través de una muestra del 10% del universo total.
· 18 convenios firmados con las autoridades electorales estatales para el intercambio de información sobre el destino de los recursos que reciben los partidos.
· 44 visitas de verificación en distritos electorales a nivel nacional, que incluyeron 298 fórmulas de candidaturas.
· Revisión de 1,728[1] informes de campaña.
Derivado de estos trabajos, la Unidad de Fiscalización detectó las siguientes situaciones:
· Se determinaron 411 observaciones sancionables, de éstas 394 son de forma y 17 son de fondo.
· 64 fórmulas de candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña por un monto global de 4 millones 853 mil 566 pesos. · La sanción total que se impone por estas irregularidades equivale a 6 millones 409 mil 184 pesos.
· Se advirtieron 39 casos de financiamiento indebido, estableciendo de manera global como sanción, la cantidad de 184 mil 097 pesos.
· Se determinaron 66 inconsistencias generadas por simulación de operaciones cuyo monto involucrado ascendió a 1 millón 839 mil 788 pesos.
· Derivado de la revisión contable, se determinó dar vista a 19 instancias para que el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho proceda, y se iniciaron 63 procedimientos oficiosos.
· Por las irregularidades detectadas, se propone sancionar a los partidos políticos por un monto global de 32 millones 726 mil 242 pesos.
En síntesis, para el IFE los resultados que se plasman en el Dictamen y en el proyecto de Resolución, son el reflejo de la escrupulosa vigilancia de los datos e información recopilada durante la revisión a los informes de campaña.
La mejor fiscalización no es la que más sanciona,sino aquella que procura que se respeten las reglas en el manejo de los recursos; la que permite preservar la equidad en las contiendas; y la que fortalece la exhaustividad de los procedimientos de revisión contable.
Las normas de control y uso correcto de los recursos públicos incrementan la confianza en la sociedad. Evitar que exista la intromisión de otras fuentes de financiamiento ilícito a los partidos políticos, será siempre nuestro compromiso con la ciudadanía.
Sujetar a los entes que participan en los procesos electorales a transparentar los recursos que reciben y conocer la forma en la que los gastan, constituye un fin primario para esta autoridad electoral.
Por tanto, es mi convicción que la acción fiscalizadora debe de estar encaminada a cumplir estos fines, ya que un estricto ejercicio de rendición de cuentas, permitirá que bajo el escrutinio público, se consolide la credibilidad de los partidos, de los candidatos y de los propios procesos electorales.
El trabajo que ahora entrega la Unidad de Fiscalización consolida la autonomía técnica que le otorgó el poder legislativo y, a la vez, la enfrenta al reto de mantener su ejercicio fiscalizador con un elevado nivel técnico.
A nosotros nos toca analizar estos resultados y con apego a los principios institucionales determinar las sanciones correspondientes.
Señora y señores consejeros y representantes, está a su consideración el Dictamen y proyecto de Resolución mencionado.

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