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jueves, 1 de julio de 2010

NO SALDRÁN LIBRES LÍDERES DE ATENCO DEL ALTIPLANO

Leonardo Juárez R./El Capitalino
Solamente nueve de los doce presos que purgaban sentencia por el delito de secuestro equiparado, por los disturbios de San Salvador Atenco en el año del 2006, recuperaron su libertad al abandonar desde la noche del miércoles y madrugada de ayer el penal de Molino de Flores en Texcoco, En tanto, los líderes del movimiento Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández; continuarán presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al contar con otros cuatro procesos en su contra.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), informó que el juzgado I Penal de Primera Instancia del Distrito de Toluca, ordenó la absoluta e inmediata libertad de citados internos del Altiplano, “la instrucción judicial recibida se refiere a la causa penal 91/2006 por el delito de secuestro equiparado”.
Destacó que Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, “tienen en proceso las siguientes causas penales: robo agravado, causa penal 131/2006; lesiones y daño en los bienes públicos, causa penal 116/2006; despojo, causa penal 60/2006 y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, causa penal 15/2008”.
Apuntó que por lo que respecta a la causa 15/2008 del fuero federal, instruida por el juzgado VI de Distrito en Ciudad Nezahualcóyotl, Héctor Galindo, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, se encuentran a disposición de esa autoridad jurisdiccional.
Reiteró “se acató la resolución judicial decretando la inmediata libertad de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, única y exclusivamente por lo que hace al delito de secuestro equiparado instruido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no obstante, se deben cumplir los procesos judiciales correspondientes respecto a las demás causas penales para su externación definitiva”.
Como se recordará la SCJN ordenó la inmediata libertad de losinculpados; Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Román Adán Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate, por los hechos ocurridos el 8 de febrero, 6 de abril, así como 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México.
Indicó que de los hechos del 3 y 4 de mayo, se estimó que no existen pruebas que acrediten la responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito de secuestro equiparado que les fue imputado.
Apuntaron que durante la investigación realizada por el Ministerio Público, “la autoridad responsable partió de premisas falsas y endebles como otorgar valor probatorio pleno a pruebas consideradas como ilícitas, además de fincar responsabilidad a los quejosos por el simple hecho de ubicarlos en el lugar de los acontecimientos y establecer que no tenían nada que hacer ahí”.
Por tal razón, la Primera Sala sostuvo “que fue ilegal la sentencia emitida por el juzgador, en razón de que la autoridad responsable pretendió estructurar la prueba circunstancial cuando se encontraba ante un panorama de ausencia probatoria”.
En lo referente a los sucesos de febrero de 2006, “no se actualiza el elemento configurativo consistente a que se amenace al rehén o a terceras personas para obligar a la autoridad a que realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza”.
Por lo que hace a los hechos de abril de 2006, los ministros señalaron que la autoridad responsable analizó de manera incorrecta los elementos que integran el delito de secuestro equiparado, establecido en el párrafo tercero de la artículo 259 del Código Penal para el Estado de México, porque se vulneraron las garantías de fundamentación, motivación y seguridad jurídica, contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
De esta manera la SCJN llegó a la conclusión de que en este caso “ diversas autoridades incurrieron en violaciones de garantías individuales” y por ello se decretó su inmediata libertad,

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