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sábado, 3 de julio de 2010

DEPLORA CDHDF AGRESIÓN DE POLICÍA FEDERAL CONTRA PERIODISTAS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su rechazo y preocupación por las amenazas y agresiones que perpetraron Policías Federales contra periodistas de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 1 de julio.
De acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación, 30 elementos encapuchados de la Policía Federal (PF) irrumpieron ayer por la tarde en las oficinas de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez, supuestamente en busca de un grupo de secuestradores. Se consigna que los reporteros fueron encañonados y amenazados por los agentes, quienes no se identificaron debidamente y advirtieron que dispararían si alguien oponía resistencia.
Las notas periodistas señalan que los uniformados se retiraron 20 minutos después; posteriormente llegaron tres camiones con más elementos de la PF que intentaron privar de su libertad al reportero gráfico Alejandro Bringas, en represalia por haber tomado fotografías de la agresión antes descrita.
Para la CDHDF, la probable acción de los representantes del Estado mexicano se suma a un clima cada día más violento contra las y los periodistas, en aras de limitar su libertad de expresión y con ello, violentar el derecho a la información de la sociedad en su conjunto.
El Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresión en México 2009. Entre la Violencia y la Indiferencia, elaborado por el Centro Nacional de Comunicación Social A. C. (CENCOS), y la Oficina para México y Centroamérica de la organización Article 19; enfatiza que si bien la delincuencia organizada es presunta responsable de una parte de estos ataques (6.15%) -en general los más violentos-, el principal responsable se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado (65.57%).
La CDHDF, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, exige al Estado mexicano que realice las investigaciones necesarias para esclarecer el origen de tan deplorables hechos y, sobre todo, se puedan fincar responsabilidades en contra de las y los servidores públicos que están violando los derechos humanos de las y los profesionales de los medios de comunicación.

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