EL CAPITALINO

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miércoles, 30 de junio de 2010

PRIORITARIO OTORGAR CARÁCTER DE BIEN JURÍDICO AL MEDIO AMBIENTE

Urge reconocer al medio ambiente como un bien jurídico de carácter inmaterial y de titularidad colectiva, señaló el doctor José Juan González Márquez, experto en derecho sustentable de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Para ello debe redefinirse el derecho de propiedad y establecer la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin daño que implica imputar responsabilidad anticipada antes de que el riesgo ambiental se transforme en daño ambiental, manifestó el académico.
Lo anterior puede resultar polémico, pues muchos afirmarían que se violarían principios constitucionales; sin lugar a dudas se transgreden los principios constitucionales capitalistas, pero se defiende los de la sustentabilidad, a la que todos los países dicen aspirar.
González Márquez declaró que la sustentabilidad debe ser un nuevo estadio de la civilización humana, un momento histórico que exige la transformación del sistema político que rige al mundo y cambios de gran envergadura en el ámbito legal.
Para imputar el riesgo –continuó el académico– el sistema jurídico debe postular que todo lo que pone en riesgo el ambiente tiene que pagar una indemnización al resto de la población, a través de mecanismos como la tributación ambiental.
En el marco del primer seminario internacional Desarrollo local sustentable: visiones multidisciplinarias, organizado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, González Márquez refirió que las grandes corporaciones estadounidenses pagan cinco por ciento de sus utilidades con base en el supuesto de provocar un daño ambiental.
Los impuestos recabados deberán dirigirse a un fondo ambiental manejado por el gobierno, instancia que sería la encargada de pagar a los proveedores de funciones ambientales.
Sólo de esta forma nos encaminaríamos realmente a la sustentabilidad y haríamos que la generación actual sea responsable ante las futuras por los daños que pudiera causar a las funciones ambientales.
La maestra Diana Ponce Nava, procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) en el Distrito Federal, durante su participación en el panel Desafíos institucionales a la protección ambiental: experiencias en el nivel local, opinó que uno de los problemas en materia ambiental es dejar que el gobierno federal resuelva todo lo relacionado con este rubro.
Son las autoridades más cercanas a la gente las que pueden hacer más por la sustentabilidad, sin embargo, éstas carecen de atribuciones. Por tanto, recomendó descentralizar el cuidado del medio ambiente y establecer un marco regulatorio claro, que contenga sanciones que puedan inhibir el delito ambiental.
También expresó su deseo por que la ciudadanía tenga un papel más responsable, “no todo puede ser obligación del Estado, el cuidado ambiental debe ser colectivo”.
Por ejemplo, el Distrito Federal tiene la peor cultura del agua, lamentó la funcionaria, el promedio de uso diario en la capital del país es de 360 litros por persona –con una distribución desigual–, cuando el parámetro internacional al que se tiene derecho es de 40 litros diarios, lo que indica la urgencia de un cambio de paradigmas personales.
Asimismo, instó a llevar la educación ambiental a todos los niveles: no es posible que sólo 17 universidades estén enseñando derecho ambiental y que sólo en 13 sea una materia obligatoria y, por otra parte, que no se produzcan los libros y el material didáctico necesario para impartir estos estudios.
La falta de educación ambiental en los distintos grados educativos explica porque la gente joven no denuncia; la mayor parte de quienes acuden a esta procuraduría son adultos informados que conocen sus derechos y los ejercen, los jóvenes parecen desconocer los derechos ambientales.
Ponce Nava indicó que existe a nivel global dificultades para hacer valer principios expresados en la Declaración de Río de Janeiro con las herramientas propias de cada sistema legal.
En el ámbito nacional, la especialista en derecho internacional señaló que la gestión ambiental es una tarea complicada porque no existen suficientes herramientas legales en el sistema jurídico mexicano.

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