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jueves, 17 de junio de 2010

PIDE LA CDHDF MEDIDAS CAUTELARES PARA PROTEGER A DEFENSORAS EN TIJUANA

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteró el llamado al Gobierno de Baja California y a la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad se instrumenten las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo pasado, a favor de las defensoras de derechos humanos Blanca Mesina y Silvia Vázquez.
En conferencia, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dijo que se deben tomar en serio las amenazas que han sufrido estas defensoras por su trabajo en Tijuana, que las medidas se instrumenten lo antes posible y que se proteja a toda costa la vida y la integridad de ellas.
Apuntó que mientras esto no ocurra, la integridad de las defensoras es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Baja California. "El Gobierno federal y el de Baja California deben tener claro que Blanca Mesina y Silvia Vázquez no están solas, "son protegidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) como por la CDHDF".
El Presidente de la CDHDF aseveró que el Organismo actúa de manera solidaria con el ojo puesto en la vida y la integridad de las defensoras, "la vocación de la CDHDF es la de servir como un amplificador de la voz de quienes necesitan ser escuchados a nivel nacional, como parte del programa de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Por su parte, el Director general de la CMDPDH, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que a raíz del trabajo de esa Comisión en Tijuana, particularmente de la documentación y denuncia de casos de tortura y violaciones a derechos humanos contra funcionarios policiales, a cargo del Ejército Mexicano, la abogada Silvia Vázquez y la representante de un grupo de policías agraviados, Blanca Mesina, han sido víctimas de reiteradas amenazas de muerte.
Refirió que recientemente Blanca Mesina recibió una amenaza de parte de un hombre encapuchado, quien le apuntó con una pistola en la cabeza, al tiempo que le decía que era la última vez que le avisaba que dejara de denunciar en Tijuana porque podría perder a un familiar. Agregó que este hombre le dijo que si no la mataba en aquel momento era porque provocaría un escándalo nacional e internacional y por las próximas elecciones locales.
Señaló que con las medidas cautelares, la CIDH exige al Estado Mexicano su protección y hasta el momento no ha habido ninguna acción, ni de la Secretaría de Gobernación y del estado de Baja California, quienes han manifestado una actitud negligente y de impunidad absoluta y no han buscado el mecanismo para buscar la protección de las dos defensoras de derechos humanos.
A su vez, Blanca Mesina y Silvia Vázquez comentaron que pese a las amenazas que han recibido ellas continúan con las denuncias, pero han tenido que abandonar su casa en Tijuana. Indicaron que la voluntad de las autoridades por brindarles protección ha sido nula, sólo hubo rondines en sus domicilios dos veces por semana, pero tras un percance de una de las camionetas estos se detuvieron.
Explicaron que de las reuniones que han tenido para las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como a la Secretaría de Gobernación, sólo les han ofrecido el "mejorar", "pero no sabemos cuándo será que el Estado pueda tener una estrategia para protegernos".
"Es obvio que el Estado no ha querido asumir la responsabilidad de cuidarnos, siempre han dado una excusa u otra para poder tener nosotros una escolta y poder seguir haciendo el trabajo", dijeron.

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