EL CAPITALINO

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lunes, 28 de junio de 2010

INMORALIDAD EN LA SCJN

Rogelio Gómez Mejía/El Capitalino
La denuncia penal del diputado federal Emilio Serrano Jiménez en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por violación a la ley orgánica y prevaricato, destacadamente contra los Ministros, José Fernando Flores González Salas y Sergio Armando Valls Hernández pone en evidencia la falta de moral, ética y profesionalismo de la institución, y obliga al procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez a actuar judicialmente contra los altos funcionarios que demostraron su inconsciencia en el imperdonable y mortal caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
El perredista Serrano Jiménez, presidente de la recién nombrada Comisión Especial para Analizar Esquemas de Tercearización de Servidores Públicos, preciso la procedencia de la denuncia penal por prevaricación de los Ministros, Fernando Franco Flores y Sergio Armando Valls, quienes al conocer el justo dictamen responsabilizador de funcionarios en el caso ABC, emitido por el destacado Ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea primero, fueron excusados en sesión por encontrarse en conflicto de intereses, en razón de tener el primero una hermana como jefa de programación y presupuesto, precisamente de guarderías del Seguro Social (IMSS).
Y el segundo, por la calidad que tuvo antes de su cargo, de ser director general jurídico del IMSS, abogado de Bancomer, director jurídico de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y jefe del departamento legal del Infonavit entre otras tareas, inhabilitadores orgánicamente de participar en el resolutivo a juicio de los Ministros del caso ABC, pero que finalmente la Corte permitió su ilegal votación que favoreció con cuatro ministeriales más el injusto dictamen acordado de que no hubo violación a los derechos constitucionales de los 49 bebes muertos y 75 que resultaron gravemente lesionados.
“Evidentemente, los Ministros de la Corte prepararon muy bien, dijo Serrano Jiménez, la resolución dada a conocer aun cuando se pierde la confianza, pues tal parece que acordaron una componenda, después del cabildeo del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, del de Juan Molinar Horcasitas y de Eduardo Bours, para preparar muy bien la diferencia de votos, 6 a 5 contra el dictamen bien realizado y aplaudido por la sociedad mexicana de Arturo Zaldívar, presentado con valor que se creyó sería aprobado, pero del que el resultado final cayó como balde de agua fría en el ánimo de la población, pues aún cuando no es resolutivo si sería una guía obligada para actuar la PGR”.
“Esperábamos que resolverían como el caso “Aguas Blancas” en que señalaron como responsables a funcionarios de tercer nivel de gobierno, pero parece que ahora ni eso, pues les llegaron mejor al precio o les hicieron “manita de puerco”, porque tal parece con su decisión que son defensores del gobierno, cómo el Ministro Fernando Franco, excusado a participar en seguimiento por que su hermana es funcionaria del IMSS, y de Armando Valls, ex –funcionario de esa institución, que por representar al gobierno, no garantizaban imparcialidad, pero se prepararon para mayoritear como se hace en la Cámara, por eso los acusamos de prevaricadores”.
“Espero, como diputado federal que la PGR aplique la ley sin miedo y sin presión del ejecutivo federal, que actué con imparcialidad y proceda con la denuncia penal contra estos ministros y a la Corte por haber permitido que votaran a sabiendas que no deberían haberlo hecho. En este caso de la Guardería ABC los diputados tenemos responsabilidad por no ser más claros y contundentes en dictaminar leyes que no den oportunidad de que los Ministros de la Corte interpreten las normas que permitan moverse a los intereses del gobierno”.
“Hasta el momento, agregó, la PGR no ha actuado estrictamente y debemos marcarle como debe hacerlo, siguiendo el ejemplo del Ministro Zaldívar. De no actuar la PGR, acudiremos ante la Corte Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o presentaremos juicio de procedencia contra la Corte, confiando en contar con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara, porque aquí hay responsabilidad de Juan Molinar Horcasitas, quien firmó los contratos de esos servicios y propició la desaparición de arquitectos para evitar la supervisión de la Guardería, de los propietarios, de la lista de funcionarios que dieron el visto bueno para instalarla en ese jacalón y pusieron una bodega al lado, del gobernador Eduardo Bours, y de protección civil cuando menos”.
Evidentemente el diputado Emilio Serrano se refirió a la aún superficial indagación que exige el magnicidio de la Guardería ABC, donde la responsabilidad del crimen, recae desde la dirección en el IMSS de Santiago Levy quien concedió las primeras ilegales subrogaciones de las Guarderías de la institución a particulares, continúo Fernando Flores Pérez, remató Francisco Molinar Horcasitas y consintió Daniel Karam Toumeh, para enriquecer, nada más en Sonora, en descarado nepotismo, a más de una docena de parientes del Gobernador Eduardo Bours, y una decena de familiares cercanos y políticos de dirigentes del PAN y del presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
“Afortunadamente, puntualizó, la SCJN no dio un fallo judicial del caso, sino emitió un dictamen sobre la responsabilidad que tendrían los funcionarios o no. Ahorita el balón todavía está en la cancha y la PGR debe llamar a directivos de primer nivel para declarar lo que convenga a derecho y presentar los resultados en primera instancias y valorarlos, para en su caso presentarlos como pruebas en instituciones internacionales que, como en el caso de las indígenas condenadas por secuestro de agentes federales, su intervención propicie correcciones por lo que ahora están libres, en desprestigio de las autoridades mexicanas.”
“Actualmente concluyó, el procurador Arturo Chávez Chávez no ha mostrado si vive o no, no ha dado la cara, únicamente ha dado un informe a nuestra Comisión, donde argumenta no poder proporcionar reportes sobre las diligencias efectuadas y los hilos de la investigación que sigue la institución aún cuando no le pedimos nombres ni direcciones, “para no entorpecer las indagaciones ni poner en riesgo el proceso jurídico”, pero no tiene empacho en convocar incluso a conferencias de prensa aunque no revela nada concreto y de interés para la sociedad.”

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