El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, se pronunció contra un eventual intento de imponer más cargas fiscales a la actividad económica, pues de ningún modo se superaría así la crisis ni se ganaría competitividad económica o empresarial, sino todo lo contrario.
Advirtió que sería un gravísimo error presionar con más tributos a la población en el contexto de la actual recesión, pues aún cuando eventualmente mejorasen los ingresos del gobierno, los de las empresas y personas empeorarían y ello conllevaría un elevado costo social.
Al participar en la XXI Asamblea General del Centro Empresarial de la Ciudad de México, integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso, en cambio, a mujeres y hombres de negocios trabajar en un paquete de recuperación económica y combate a la crisis donde se contemple simplificación administrativa y presupuesto con énfasis en la inversión para impulsar la creación de empleos.
Ante representantes empresariales locales y nacionales, se comprometió a sostener el programa de gasto orientado al mismo fin –aumento de competitividad económica–, por lo cual continuará con obras de mejoramiento de infraestructura, los programas sociales para elevar la calidad del capital humano, la modernización tecnológica de instituciones policíacas para contener y revertir la inseguridad con apoyos fiscales y financieros a las empresas.
Respecto a este último punto, informó que para superar la crisis agudizada por la emergencia sanitaria decretada en abril pasado, su gobierno, en lugar de imponer más gravámenes a las empresas, les devolvió impuestos para aliviar su falta de dinero constante y sonante, con lo cual, en última instancia, se favoreció el empleo y el consumo y se tuvo un efecto más positivo que si el gobierno hubiese retenido y usado ese dinero.
Expuso resultados concretos obtenidos al momento en rubros estratégicos –como transporte, vialidad, agua, aprovechamiento escolar y empleo–, los cuales se alcanzaron a pesar de la crisis económica nacional y el recorte de transferencias federales, así como gracias a los ajustes en el gasto corriente hechos por su gobierno.
Hacia el futuro, invitó a este y demás grupos empresariales a trabajar en los mismos objetivos comunes con base en un diagnóstico realista de la situación económica, tal como lo hizo al proponer un presupuesto para 2009 previsor de la actual crisis y expresó su disposición a ajustarlo, si es necesario, con recortes al gasto corriente para no afectar el gasto en inversión, como también lo ha hecho hasta ahora.
Manifestó su intención de continuar por la misma ruta si es preciso, por lo cual están ya en puerta nuevos ajustes para compensar la cancelación de transferencias federales por cuatro mil millones de pesos, hasta el momento, sin afectar, por ningún motivo, la inversión en factores claves de competitividad, como obra pública, educación, salud y seguridad.
Defendió la orientación programática e ideológica izquierdista de su gobierno, pero reconoció la valiosa aportación de Juan de Dios Barba Nava, presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México y representante de un grupo de empresarios ajenos a la izquierda, en la búsqueda de soluciones para superar problemas y alcanzar metas comunes.
Ofreció a los empresarios trabajar con ellos y con las diferentes fuerzas políticas integrantes de la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal para crear un marco normativo que abata los costos de operación a las empresas sin sacrificar valores y principios fundamentales, pues la actual normatividad es onerosa e inhibe la actividad económica.
Convocó a mujeres y hombres de negocios a trabajar en el diseño de un Instituto de Verificación profesional y descentralizado cuya actuación se base en la confianza –y no en la desconfianza, como la actual normatividad– a fin de facilitar la apertura y operación de negocios para favorecer el empleo, pero sin dejar de lado sanciones para quienes mientan.
La meta –dijo– es mantener la competitividad del Distrito Federal frente a otras ciudades del Continente –como Sao Paulo, Miami o Los Ángeles– que le disputan la sede de grandes inversiones, por lo cual no se debe perder más tiempo.
En su turno, Juan de Dios Barba Nava reconoció y agradeció las acciones de la administración actual para superar la crisis, como fue la devolución de impuestos a empresas y el apoyo salarial a trabajadores para evitar quiebras y desempleo, a la vez que demandó una disposición semejante en otros órganos de gobierno en pro de la economía.
Ricardo González Sada, presidente nacional de Coparmex, a su vez, exhortó al Centro Empresarial de la Ciudad de México y a su dirigente a avanzar en la construcción de consensos necesarios para evitar que, como sucede en otros gobiernos, los programas de fomento anunciados desde hace dos años sólo queden en anuncios rimbombantes que no ayudan, sino agravan, la situación económica del país, lo que si ya de por sí es grave, lo es más aún cuando hay 60 millones de mexicanos en la pobreza.
Advirtió que sería un gravísimo error presionar con más tributos a la población en el contexto de la actual recesión, pues aún cuando eventualmente mejorasen los ingresos del gobierno, los de las empresas y personas empeorarían y ello conllevaría un elevado costo social.
Al participar en la XXI Asamblea General del Centro Empresarial de la Ciudad de México, integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso, en cambio, a mujeres y hombres de negocios trabajar en un paquete de recuperación económica y combate a la crisis donde se contemple simplificación administrativa y presupuesto con énfasis en la inversión para impulsar la creación de empleos.
Ante representantes empresariales locales y nacionales, se comprometió a sostener el programa de gasto orientado al mismo fin –aumento de competitividad económica–, por lo cual continuará con obras de mejoramiento de infraestructura, los programas sociales para elevar la calidad del capital humano, la modernización tecnológica de instituciones policíacas para contener y revertir la inseguridad con apoyos fiscales y financieros a las empresas.
Respecto a este último punto, informó que para superar la crisis agudizada por la emergencia sanitaria decretada en abril pasado, su gobierno, en lugar de imponer más gravámenes a las empresas, les devolvió impuestos para aliviar su falta de dinero constante y sonante, con lo cual, en última instancia, se favoreció el empleo y el consumo y se tuvo un efecto más positivo que si el gobierno hubiese retenido y usado ese dinero.
Expuso resultados concretos obtenidos al momento en rubros estratégicos –como transporte, vialidad, agua, aprovechamiento escolar y empleo–, los cuales se alcanzaron a pesar de la crisis económica nacional y el recorte de transferencias federales, así como gracias a los ajustes en el gasto corriente hechos por su gobierno.
Hacia el futuro, invitó a este y demás grupos empresariales a trabajar en los mismos objetivos comunes con base en un diagnóstico realista de la situación económica, tal como lo hizo al proponer un presupuesto para 2009 previsor de la actual crisis y expresó su disposición a ajustarlo, si es necesario, con recortes al gasto corriente para no afectar el gasto en inversión, como también lo ha hecho hasta ahora.
Manifestó su intención de continuar por la misma ruta si es preciso, por lo cual están ya en puerta nuevos ajustes para compensar la cancelación de transferencias federales por cuatro mil millones de pesos, hasta el momento, sin afectar, por ningún motivo, la inversión en factores claves de competitividad, como obra pública, educación, salud y seguridad.
Defendió la orientación programática e ideológica izquierdista de su gobierno, pero reconoció la valiosa aportación de Juan de Dios Barba Nava, presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México y representante de un grupo de empresarios ajenos a la izquierda, en la búsqueda de soluciones para superar problemas y alcanzar metas comunes.
Ofreció a los empresarios trabajar con ellos y con las diferentes fuerzas políticas integrantes de la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal para crear un marco normativo que abata los costos de operación a las empresas sin sacrificar valores y principios fundamentales, pues la actual normatividad es onerosa e inhibe la actividad económica.
Convocó a mujeres y hombres de negocios a trabajar en el diseño de un Instituto de Verificación profesional y descentralizado cuya actuación se base en la confianza –y no en la desconfianza, como la actual normatividad– a fin de facilitar la apertura y operación de negocios para favorecer el empleo, pero sin dejar de lado sanciones para quienes mientan.
La meta –dijo– es mantener la competitividad del Distrito Federal frente a otras ciudades del Continente –como Sao Paulo, Miami o Los Ángeles– que le disputan la sede de grandes inversiones, por lo cual no se debe perder más tiempo.
En su turno, Juan de Dios Barba Nava reconoció y agradeció las acciones de la administración actual para superar la crisis, como fue la devolución de impuestos a empresas y el apoyo salarial a trabajadores para evitar quiebras y desempleo, a la vez que demandó una disposición semejante en otros órganos de gobierno en pro de la economía.
Ricardo González Sada, presidente nacional de Coparmex, a su vez, exhortó al Centro Empresarial de la Ciudad de México y a su dirigente a avanzar en la construcción de consensos necesarios para evitar que, como sucede en otros gobiernos, los programas de fomento anunciados desde hace dos años sólo queden en anuncios rimbombantes que no ayudan, sino agravan, la situación económica del país, lo que si ya de por sí es grave, lo es más aún cuando hay 60 millones de mexicanos en la pobreza.
